El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo revés. El Consejo de Estado suspendió de inmediato el decreto que fijaba el salario mínimo 2026 en más de $2.000.000, con un aumento del 23,7% decretado a finales de noviembre de 2025. El alto tribunal argumentó que no se basó en parámetros técnicos adecuados.

Como medida cautelar, el Consejo ordenó al Gobierno expedir, en un plazo máximo de ocho días calendario desde la notificación, un nuevo decreto provisional con un monto ajustado a indicadores macroeconómicos. Este regirá hasta la sentencia final del proceso.

¿Qué pasa con los trabajadores?
La medida cautelar solo entra en vigencia una vez publicado el nuevo decreto. Mientras tanto, aplica el salario mínimo anterior. Los pagos de esta quincena se realizarán con el valor vigente hasta el cambio.

¿Cómo debe calcularse el nuevo aumento?
El Consejo de Estado exige considerar estos parámetros oficiales:

IPC/Inflación observada: 5,3% anual a noviembre de 2025, sin extrapolaciones no verificables.

Meta de inflación 2026: 3% (±1%), según la autoridad monetaria.

• Productividad: PTF de 0,91% (preliminar al III trimestre 2025), productividad laboral por hora (0,57%) y por persona empleada (-0,32%).
• Contribución salarial al ingreso nacional: 2,81 puntos porcentuales.
• PIB/Desempeño económico: Crecimiento de 3,6% anual al III trimestre y 2,8% en el año corrido; estimaciones de cierre 2025 entre 2,6% y 2,9%.

¿Cuándo debe publicarse el nuevo decreto?
El Gobierno tiene hasta el 20 de febrero de 2026 (ocho días desde la notificación del 13 de febrero) para emitirlo.

¿Qué debe justificar el Gobierno ante el Consejo?
El nuevo decreto requerirá una fundamentación económica detallada, incluyendo:

• Tipo de valoración (cuantitativa o cualitativa) por criterio y sus razones.
• Cuantificación de factores constitucionales, vinculados al artículo 8 (parágrafo) de la Ley 278 de 1996.
• Método de ponderación y aplicación de cada criterio.
• Operaciones aritméticas para la cifra final.
• Contexto económico, impacto análisis y fuentes oficiales para todos los datos (reportes de autoridades competentes).

Esta decisión busca garantizar un aumento alineado con la realidad macroeconómica, evitando incrementos desproporcionados.