El Tribunal Administrativo de Norte de Santander desestimó tres demandas acumuladas contra Ivaldo Torres Chávez y dejó en firme su nombramiento como rector de la Universidad de Pamplona, ratificado por el Acuerdo 051 del 4 de diciembre de 2024.

Los demandantes alegaban irregularidades en el proceso electoral: reelección consecutiva por tercera vez, violando el Estatuto General de la Universidad (que permite solo una reelección); limitaciones en la inscripción de candidatos, restringida inicialmente a la Secretaría General en Pamplona y luego habilitada de forma limitada en el Cread de Cúcuta, excluyendo otras sedes; y fallos en la convocatoria, como falta de publicación adecuada, recepción irregular de hojas de vida y supuesta desviación de poder por intereses ajenos al bien común.

Sin embargo, los magistrados concluyeron que no se acreditaron las causales de nulidad ni la gravedad de las irregularidades alegadas. «No se desvirtúa la presunción de legalidad del acto electoral», establece el fallo, al desestimar cargos como vulneración del debido proceso, inelegibilidad por reelección, irregularidades en publicación, excepciones de inconstitucionalidad en inscripciones presenciales, desviación de poder y violación de principios, por falta de pruebas suficientes o interpretaciones extensivas de normas estrictas.

En defensa, el abogado de la Universidad, Armando Quintero, argumentó que las acusaciones eran genéricas y sin sustento. Destacó que el proceso fue amplio, con 20 inscritos (18 habilitados), y que la designación de Torres para 2025-2028 siguió el procedimiento ordinario de convocatoria (artículos 27 y 28 del Estatuto), no una reelección excepcional proscrita.

El Tribunal aclaró esta distinción: el período 2017-2020 surgió de convocatoria (Acuerdo 092/2016); 2021-2024, de reelección excepcional por evaluación (Acuerdo 034/2020); y 2025-2028, de nueva convocatoria competitiva (Acuerdo 031/2024, culminando en Acuerdo 051/2024). Así, descartó todos los cargos y confirmó la legalidad del nombramiento.