Avances significativos en mesa de negociación entre la comunidad Barí y el Gobierno Nacional
Tras una semana de movilizaciones pacíficas en Cúcuta, la minga Barí y el Gobierno nacional lograron los primeros acuerdos importantes que buscan garantizar los derechos del pueblo indígena sobre su territorio ancestral en la subregión del Catatumbo. Este avance se dio cuando la comunidad indígena se encontraba al borde de recurrir a vías de hecho para exigir cumplimiento, una medida que aún permanece como opción si la negociación no avanza.
Alexander Dora Dora, coordinador de derechos humanos del pueblo Barí, destacó que el diálogo fue posible gracias a la llegada de viceministros de Agricultura, Interior, Minas y Ambiente, quienes organizaron mesas técnicas para atender cada una de las peticiones del pliego. Según Dora Dora, “la voluntad de las autoridades permitió abrir un espacio serio de negociación que esperamos consolide los derechos que hemos reclamado durante años”.
Uno de los acuerdos clave es la adjudicación de 100.000 hectáreas para el pueblo barí, en cumplimiento de la sentencia T-052 de 2017, que establece la delimitación territorial de esta comunidad. “Esperamos que para diciembre se haya avanzado en la compra de al menos la mitad de esas tierras, y la adquisición total se completará en el primer trimestre de 2026”, explicó Dora Dora. La Agencia Nacional de Tierras junto con la autoridad Barí supervisará esta compra, que enfrenta desafíos porque algunos propietarios, presionados por grupos armados, se niegan a vender.
La negociación priorizará fincas con títulos de propiedad claros, mientras se revisan los casos difíciles para evitar inconvenientes. Además, se trabaja en incluir al resguardo Motilón Barí como coadministrador del Parque Natural Catatumbo Barí, mediante una resolución del Ministerio de Ambiente, lo que reforzaría la protección del territorio en zonas de reserva natural.
Otro paso significativo fue el reconocimiento formal del pueblo Barí como víctimas del conflicto armado, lo cual abre la puerta al acceso a reparaciones. Carla Chacón, directora territorial de la Unidad para las Víctimas, afirmó que la comunidad fue notificada mediante la resolución 1205/44, que reconoce el confinamiento masivo como hecho victimizante. “Estamos ajustando detalles en las declaraciones individuales para garantizar la entrega efectiva de ayuda humanitaria”, dijo Chacón.
Asimismo, un equipo de la subdirección de reparación colectiva llegará desde Bogotá para atender casos pendientes y avanzar en la estructuración del Plan Integral de Reparación Colectiva (Pirc). La entrega de ayudas, en forma de kits alimentarios, está programada para iniciar en octubre y continuar en los meses siguientes, beneficiando a 807 núcleos familiares, unos 2.659 integrantes del resguardo ubicados en los municipios de El Carmen, Teorama, El Tarra, Tibú y Convención.
La minga Barí encara con expectativa esta nueva etapa de diálogos que, aunque no elimina la posibilidad de acciones más firmes, abre camino a la consecución de derechos históricos y a la reparación por los daños sufridos durante el conflicto. «Nuestra lucha continúa, pero confiamos en que estos acuerdos son un paso fundamental para la paz y la dignidad de nuestro pueblo», concluyó Alexander Dora Dora.
