El Gobierno nacional decretó el estado de emergencia económica y social en todo el territorio colombiano mediante el Decreto 1390 de 2025, con una vigencia inicial de 30 días. La medida busca garantizar el pago de obligaciones estatales y mitigar riesgos financieros en medio de la falta de aprobación de una ley de financiamiento y crecientes presiones sobre la deuda pública.

Aunque el decreto ya fue expedido, aún no se conocen los detalles del paquete de medidas económicas y tributarias que se adoptarán bajo esta declaratoria. Desde el Ejecutivo se enfatiza que la emergencia no implica endeudamiento para nuevos gastos, sino una estrategia para cubrir deudas heredadas de administraciones anteriores y proteger la calificación crediticia del país.

El presidente Gustavo Petro defendió la decisión al argumentar que responde a un contexto de «deudas heredadas» que amenazan la estabilidad fiscal. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que los eventuales impuestos tramitados bajo esta figura «no afectarán a la clase media, sino a los grandes patrimonios y sectores de mayores ingresos».

La oposición y analistas económicos han cuestionado la constitucionalidad de la medida, aunque el Gobierno insiste en su legalidad para enfrentar la coyuntura.