Procuraduría investiga irregularidades en comida para internos de la cárcel de Cúcuta
La Procuraduría advirtió sobre graves fallas en la alimentación de la cárcel de Cúcuta. El servicio de alimentación en la cárcel enfrenta múltiples irregularidades que ponen en riesgo los derechos humanos y la salud de los internos, según un informe presentado por la Procuraduría General de la Nación.
El documento preventivo, con posibles consecuencias disciplinarias, fiscales y penales, denuncia reiterados incumplimientos en la contratación del suministro de alimentos en los centros penitenciarios de Cúcuta y El Pedregal (Medellín). Estas fallas afectan directamente el derecho a una alimentación adecuada y a la salud de las personas privadas de la libertad.
Los problemas se hicieron evidentes en abril, cuando internos, familiares y funcionarios del Inpec denunciaron fallas en el servicio. La responsabilidad recayó sobre el consorcio UT Unión Uspec 2024, encargado del despacho y suministro de alimentos.
En mayo, una inspección conjunta del Ministerio de Justicia, Procuraduría y Defensoría constató las precarias condiciones en las áreas de almacenamiento y preparación de los alimentos, aspectos clave que respaldaron el informe del Ministerio Público.
Entre las denuncias de los presos destacan la escasez de alimentos, incumplimiento del menú nutricional y la llegada de comidas en mal estado o descompuestas, que muchos preferían no consumir. Juan Carlos, recluso con más de 13 años en la cárcel, relató que solo podía comer arroz y pollo (a veces crudo), perdiendo siete kilos debido a la mala calidad de la dieta alimenticia.
Actualmente, esta situación afecta a aproximadamente 2.870 internos en el Complejo Penitenciario de Cúcuta.
En un comunicado oficial, la Procuraduría confirmó que la interventoría de los contratos detectó múltiples deficiencias en calidad, cantidad, tiempos de entrega y condiciones sanitarias de los alimentos, afectando la salud física y mental de más de 7.000 personas privadas de la libertad.
El informe preventivo fue remitido a la Fiscalía General, Contraloría y al área disciplinaria de la Procuraduría, que trabajan conjuntamente para corregir estas fallas en un servicio esencial que debe garantizar calidad, oportunidad y suficiencia.
