Cerca de 800.000 usuarios de Nueva EPS en Norte de Santander sufren desde octubre pasado la falta de suministro de medicamentos, sin que los interventores designados por el Gobierno respondan. La afectación golpea más duro a pacientes con cáncer, diabetes, hipertensión, VIH, trastornos mentales y enfermedades raras, cuyos tratamientos están interrumpidos.

El nuevo agente interventor, Jorge Iván Ospina el cuarto en dos años de intervención, aún no conoce la situación. Áreas de prensa de la entidad justifican el silencio: «Acaba de asumir y no termina el empalme». Su antecesor, Luis Óscar Galvis Mateus, tampoco actuó pese a cinco meses de incumplimientos por parte del operador farmacéutico Cafam, que rechaza dispensar fármacos pese a pólizas de cumplimiento vigentes.

Veedores ciudadanos critican la inacción de los cuatro interventores. La Opinión envió cuestionarios hace dos meses sin respuesta, y desde enero las consultas se «escalan» sin avances. En seis meses, se suman fallas en citas especializadas y ausencia de convenios con clínicas de alta complejidad. Hay 2.000 cirugías represadas en oftalmología y 3.000 en otras especialidades.

En dispensarios de Cafam, solo uno de cada 30 usuarios recibe sus medicamentos. Órdenes y autorizaciones vencen sin atención. «No hay fecha para normalizar», dicen pacientes. En febrero, una usuaria murió en una droguería reclamando medicinas para su familia.

Órganos de control y el Instituto Departamental de Salud callan. Llamadas al director Juan Alberto Bitar no son devueltas. Arístides Hernández, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Salud, exige recursos para la red: «No bastan anuncios como convertir Drogas La Rebaja en dispensarios, como prometió Petro».

Usuarios piden al nuevo superintende de Salud, Daniel Quintero Calle, que obligue al interventor a cumplir la ley y garantice sus derechos.