La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro había establecido una emergencia económica a finales de 2025. La decisión fue adoptada este jueves 9 de abril por la Sala Plena del alto tribunal, que concluyó que la medida vulneraba principios constitucionales y excedía las competencias del Ejecutivo.

El decreto, identificado como el Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, buscaba recaudar cerca de 11 billones de pesos en 2026 para atender diversas presiones fiscales, entre ellas necesidades del sistema de salud, seguridad, efectos de la ola invernal, pago de sentencias judiciales y el faltante derivado del hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso. Sin embargo, la Corte consideró que estas circunstancias no cumplían con los requisitos de excepcionalidad exigidos para declarar un estado de emergencia económica.

La decisión fue respaldada por seis magistrados, quienes acogieron la ponencia presentada por Carlos Camargo Assis. En contraste, dos magistrados salvaron su voto al considerar que la Corte no tenía competencia para suspender previamente el decreto y cuestionaron la ruptura de precedentes jurisprudenciales.

El tribunal reiteró que el Gobierno intentó resolver problemas estructurales mediante mecanismos extraordinarios, lo que contraviene la Constitución. Además, advirtió que el decreto afectaba la separación de poderes al desplazar funciones propias del Congreso.

Cabe recordar que en enero pasado la Corte ya había suspendido provisionalmente los efectos del decreto, al encontrar serias dudas sobre su constitucionalidad, incluyendo la falta de evidencia de hechos sobrevinientes y el uso de la medida tras el fracaso de iniciativas fiscales en el Legislativo.

Con esta decisión definitiva, también queda en entredicho la validez de otros decretos expedidos al amparo de la emergencia económica. No obstante, el alto tribunal señaló que algunos de ellos continuarán sin efectos hasta que se adopte una decisión de fondo.

Por ahora, persiste la incertidumbre sobre el destino de los cerca de 1,65 billones de pesos recaudados durante la vigencia del decreto, recursos que, según la Corte, se obtuvieron sin sustento constitucional.