La falta de seguridad en zonas rurales del Catatumbo, especialmente en los municipios de Tibú y El Tarra, impidió que más de 1.000 niñas y niños iniciaran este año el año escolar, informaron autoridades departamentales.

Luis Fernando Niño, alto consejero de Paz de la Gobernación de Norte de Santander, señaló que las causas son múltiples: el temor al reclutamiento forzado, el uso de drones con explosivos y la presencia de minas antipersonal alrededor de varias instituciones educativas. “Tenemos el reporte de que hay al menos 18 escuelas que tienen minas a su alrededor”, afirmó Niño, datos que fueron presentados en el Comité de Justicia Transicional y en un consejo departamental de paz realizado la semana antepasada.

El consejero también advirtió que las amenazas a rectores y docentes por parte de grupos armados han contribuido a la paralización de la actividad educativa. Las localidades más afectadas son las rurales de Tibú y El Tarra, con puntos concretos como La Gabarra y Filo Gringo, donde, según Niño, “todas las escuelas están minadas y los niños no han podido ir a clases”. Entre las veredas con mayores problemas mencionó Miramontes, La Serpentina, 20 de Julio, Kilómetro 84 y Puerto Palma.

Niño calificó estos hechos como una infracción grave al derecho internacional, que obliga a proteger a los menores y a garantizar su acceso a la educación.

Frente a la emergencia, la Secretaría de Educación departamental continúa entregando el Programa de Alimentación Escolar (PAE) directamente en las viviendas de los estudiantes para asegurar la seguridad alimentaria; las entregas se realizan en mercados, explicó el consejero. Además, en las zonas con conectividad y acceso a dispositivos digitales, se están implementando estrategias de educación virtual.

El funcionario añadió que esperan la definición de nuevas políticas del Gobierno electo, y advirtió que si bien cambios en política de seguridad podrían intensificar la confrontación, es indispensable restablecer el control y el orden en la región. Las autoridades han insistido ante los actores armados en el respeto al Derecho Internacional Humanitario y en permitir el retorno seguro de los niños a las aulas.