
Chile dio inicio a una nueva fase de su política migratoria con el primer vuelo de deportación masiva de extranjeros en situación irregular, en el que los ciudadanos colombianos encabezan la lista de expulsados.
El presidente José Antonio Kast ordenó el despegue del operativo este jueves 17 de abril, marcando el comienzo de un endurecimiento en las medidas de control migratorio. El vuelo, coordinado por la Fuerza Aérea de Chile y autoridades migratorias, transportó a 40 personas con órdenes de expulsión, en su mayoría por ingreso irregular o antecedentes delictivos.
Del total de deportados, 19 eran colombianos, convirtiéndose en el grupo más numeroso, seguidos por ciudadanos bolivianos y ecuatorianos. El avión realizó una primera escala en el norte de Chile para facilitar la repatriación terrestre de los bolivianos, antes de continuar su ruta hacia Ecuador y Colombia, donde los migrantes fueron entregados a las autoridades locales.
Este operativo responde a una de las principales promesas de campaña de Kast: acelerar la expulsión de extranjeros en situación irregular. Según el gobierno chileno, existen decenas de miles de personas con órdenes de salida pendientes, en su mayoría de origen venezolano, aunque las expulsiones hacia ese país enfrentan obstáculos por la falta de relaciones diplomáticas.
El Ejecutivo ha defendido estas medidas como parte de una estrategia integral para reforzar la seguridad fronteriza y combatir el crimen organizado. En esa línea, se ha anunciado la implementación de un plan que incluye mayor vigilancia en las fronteras y un aumento progresivo en la frecuencia de vuelos de deportación.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que las expulsiones continuarán, aunque evitó entregar detalles sobre su calendario por razones de seguridad. También señaló que se evalúan alternativas como deportaciones por vía terrestre o mediante vuelos comerciales.
El inicio de estas deportaciones marca un punto de inflexión en la política migratoria chilena y podría generar repercusiones diplomáticas en la región, especialmente en países como Colombia, cuyos ciudadanos han resultado particularmente afectados en esta primera operación.